Reprimen a vecinos de Flores que tomaron la comisaría tras la muerte de un joven

Coparon la seccional al grito de “que se vayan todos”, “son todos chorros/la puta que los parió” y “corruptos hijos de puta/la puta que los parió”.

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Brian, el chico de 14 años que fue baleado en la cabeza por “motochorros” en el barrio porteño de Flores, murió hoy y horas después vecinos de la zona ocuparon la comisaría 38 en reclamo de justicia y provocaron destrozos.
Los manifestantes coparon la seccional, ubicada en Bonorino al 250, y los alrededores de la comisaría, al grito de “que se vayan todos”, “son todos chorros/la puta que los parió” y “corruptos hijos de puta/la puta que los parió”.
Los vecinos reclamaron la presencia de autoridades de todas las jurisdicciones, entre ellas el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, y hasta el presidente Mauricio Macri, a quienes calificaron como “nuestros empleados”.

 

Antes de la toma de la comisaría, Monzón dijo “soy comisario inspector, jefe de seguridad de la zona, y la comisaría de la zona trabaja con los vecinos, cuando se entera de un delito se pone en conocimiento de la justicia federal y cumplimos con lo que dispone la justicia”.
Brian, que permanecía con muerte cerebral, recibió el disparo cuando iba en un automóvil Renault 19 conducido por su abuelo, quien quedó en medio de un intento de asalto a una mujer y su hija que iban caminando por la zona.
fuente:eldestapeweb

Denuncian 350 despidos en una empresa petrolera de Chubut

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Trabajadores de la empresa realizarán una manifestación y panfleteada afuera de Geopatagonia reclamando por el posible cierre de la misma que dejaría de manera directa a 250 trabajadores sin su principal fuente laboral.

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El delegado del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Ramón Valenzuela señaló que más de 250 trabajadores de Geopatagonia se vieron afectados luego de que el dueño informara que cerraría la empresa y enviara a los trabajadores a su casa, poniendo además en riesgo la fuente laboral de una suma mayor a 100 trabajadores más de manera indirecta.

“Sin excusas y de manera arbitraria mandó a la gente a su casa. Ahora pasamos a cuarto intermedio en la conciliación hasta el día lunes y esperamos tener alguna respuesta” agregó.

De esta forma, Valenzuela adelantó que el día lunes a las 11 horas estarán realizando una panfleteada afuera de Geopatagonia informando sobre la situación y también una manifestación en las puertas de la misma, “las empresas inventan excusas para generar conflictos y no lo podemos permitir”, sostuvo.

“O trabajamos todos o no trabaja ninguno”

Esta mañana, distintos delegados del Sindicato Petrolero se reunieron en asamblea para informar la situación que atraviesan las distintas operadoras, sin embargo no definieron medidas de fuerza y esperan la movilización por el Día del descubrimiento del petróleo en ruta 3 y 26.

En concreto, se pudieron explicar las dificultades que actualmente existen con distintas operadoras que ponen en riesgo las fuentes de trabajo y se visibilizaron las dificultades puntuales con YPF.

En este sentido, Ramón Valenzuela sostuvo que“en ningún momento hicimos un plan vacacional; acá lo que tenemos que hacer es continuar con la actividad”. Al mismo tiempo, manifestó que el Gobernador, el Intendente y el Secretario General del gremio deben estar presentes en cada uno de los espacios de diálogo que se generen para garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores considerando que “o trabajamos todos o no trabaja ninguno”.

Claro mensaje de desinversión

Luego de lo sucedido en Manantiales Behr, Valenzuela expresó que YPF daba un claro mensaje de desinversión en la zona pero aclaró que el sindicato tenía la madurez de decirle a las operadoras que lo quieren es trabajar.

“No vamos a romper la paz social con una medida de fuerza pero los empresarios y operadoras al no querer invertir generan grandes problemas” afirmó y agregó que el Gobierno Nacional debería asegurar que se concreten las inversiones comprometidas porque se atenta contra la economía de la región.

Movilización en 3 y 26

En cuanto a la movilización en ruta 3 y 26 preparada en el marco del Aniversario del descubrimiento del petróleo, Valenzuela expresó que será un momento en el que todos los compañeros petroleros deben estar junto a sus familias porque no se debe permitir que continúen los despidos y para dar un claro mensaje de que “en Chubut mandan los trabajadores”.

fuente: http://www.enorsai.com.ar/

El plan secreto que está acordando Macri con el FMI

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El acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional incluye el aumento de la edad jubilatoria y el despido de empleados públicos, entre otras lindezas.

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En estos días el FMI publicó sus documentos (ver acá y acá) de diagnóstico sobre la economía argentina y sus recomendaciones de política. Este análisis se enmarca en el artículo 4 del Convenio Constitutivo del organismo, donde se plantean las obligaciones generales de los países miembros. Durante muchos años, esta revisión no pudo realizarse debido a la negativa del gobierno anterior, en el entendimiento de que constituía una intromisión del FMI en su rol de auditor de la política económica, y en la cual era habitual que se realicen observaciones sobre reformas en las políticas sociales.

A partir del cambio de gobierno, se emprendió una política de acercamiento a diversos organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y un replanteo de las estrategias de relaciones comerciales internacionales que se reflejó en el marcado debilitamiento del Mercosur y el interés explícito por la Alianza del Pacífico. Es en este contexto que se entiende el resurgimiento de las relaciones con el FMI y la vuelta de sus informes de diagnóstico y recomendaciones de políticas.

El sistema previsional según el FMI

Uno de los temas que se destacan en el informe del Fondo es su visión sobre la situación actual del sistema previsional argentino. En ese apartado el FMI advierte la necesidad de reducir el desbalance del sistema para recuperar su sostenibilidad financiera (página 26). Producto del incremento en los beneficios jubilatorios, el organismo señala que el déficit actuarial de sistema jubilatorio es de aproximadamente un 29% del PIB.

Si bien no se detalla cómo se arriba a ese valor, en el informe se destaca que los elementos que exacerban el déficit son: a) las mayores necesidades por la “Ley de Reparación Histórica”, b) la incorporación de la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM), c) la restitución del 15% de la coparticipación a las provincias por los fallos de la Corte Suprema y d) el proceso de envejecimiento poblacional (página 27).

Frente a este diagnóstico el FMI propone:

Cambiar la fórmula de actualización de la Ley de Movilidad: reemplazándola por la variación del IPC ya que de este modo los incrementos de los haberes serán menores, como también la determinación del haber inicial, logrando un ahorro previsional.

Incrementar la edad de jubilación de las mujeres: pasar de los 60 años actuales a 65 años de forma gradual a la vez que se cambie la fórmula de actualización para “potenciar” el ahorro fiscal.

Reducir la tasa de reemplazo: refiere a la relación entre el haber jubilatorio y el salario que se percibía durante la etapa activa. El FMI plantea pasar del 72% promedio de la actualidad a un 60%, por ejemplo reduciendo a 1,1 el coeficiente de la determinación del haber que multiplica cada año de aportes (actualmente es 1,5).

Incrementar la participación laboral: incorporando gradualmente una mayor cantidad de trabajadores al empleo formal.

Separar presupuestaria y administrativamente la seguridad social de la asistencia social: enviar la AUH, el PROGRESAR y PROCREAR al Ministerio de Desarrollo Social y el Conectar Igualdad a la órbita del Ministerio de Educación y Deporte.

Por último, el FMI señala que el gobierno argentino está comenzando a estudiar reformas paramétricas como las que sugiere el organismo (página 26, cita textual “the authorities recognized that the current system faces important long-term challenges, and noted that they are beginning to study the impact parametric reforms of the type suggested by staff”).

Falacias y errores conceptuales

Como ya plateamos en la NdE 2, la Reparación Histórica tiene consecuencias potencialmente muy graves para la sostenibilidad del sistema jubilatorio. En ese mismo documento planteábamos que esos impactos podían abrir la puerta para reformas previsionales como las que se produjeron en 1994, cuando a la par de la privatización parcial del sistema se aumentó la edad jubilatoria y la cantidad mínima de años de aportes para acceder al beneficio. A esta altura de los hechos, resulta innegable que el gobierno nacional conocía muy bien los impactos de la Reparación Histórica y que iban a servirle como argumento para una reforma regresiva y excluyente en el sistema previsional. Es por esto que resulta muy preocupante el diagnóstico del FMI y el principio de acuerdo con el gobierno nacional.

En lo que refiere a la modificación en la Ley de Movilidad y en la fórmula de determinación del haber inicial destacamos el riesgo potencial que esta propuesta tiene en términos de judicialización e incremento de la litigiosidad. Una vez más, queda claro el alto grado de desconocimiento que el FMI suele tener sobre los potenciales impactos de sus recomendaciones. Adicionalmente, tampoco resulta adecuado vincular la actualización de los haberes a un índice de precios que refleja la evolución de una canasta de consumo promedio y que está lejos de ser representativa del patrón de consumos de los adultos mayores.

Por otro lado, la propuesta de aumento de la edad jubilatoria de las mujeres tiene no solo un evidente efecto negativo, sino que desconoce la discriminación de género en el mercado laboral argentino, lo que explica la participación relativamente baja de las mujeres. Una política de este tipo solo implicará una menor cobertura de mujeres en el sistema previsional. Como mencionamos en un post reciente, las mujeres en promedio no logran alcanzar los 30 años de aportes al sistema jubilatorio, independientemente de su nivel educativo. Incorporar nuevas restricciones solo agrava este problema y cercena sus derechos sociales.

La recomendación de reducir la tasa de reemplazo muestra que el FMI no solo pretende ajustar la cobertura del sistema, sino que también busca que los nuevos jubilados tengan un menor haber. El argumento de que Argentina tiene niveles de jubilación que son elevados en el contexto regional es un ejemplo más de cómo el FMI concibe a las políticas de protección social bajo la lógica de “nivelar hacia abajo”. La instrumentación de una iniciativa en este sentido tampoco parece estar exenta de riesgos de mayor litigiosidad, como ocurre con la primera de sus recomendaciones.

Al respecto de la propuesta de incrementar la participación laboral para mejorar los ingresos de ANSES a través del aumento en el empleo formal, debemos mencionar que el FMI no ofrece ningún detalle sobre cómo avanzaría con esta propuesta. Sin embargo, en otra sección del informe se propone reducir las alícuotas de aportes y contribuciones. De esta manera, el Fondo vuelve con las recomendaciones de bajar el costo laboral para incentivar el empleo, propuestas que fueron sobradamente probadas durante la década del noventa y solo tuvieron por efecto una mayor informalidad y un crecimiento ininterrumpido en el desempleo.

Por último, la propuesta de desmantelamiento de la seguridad social, trazando una separación presupuestaria entre lo contributivo y lo no contributivo expresa un profundo desconocimiento del modo en que se financia la seguridad social en Argentina. Es sabido que dentro de los ingresos de ANSES se encuentran diversos impuestos, principalmente IVA y Ganancias. Entre 2010 y 2015, la participación de los impuestos generales en los ingresos de ANSES osciló entorno al 27%, mientras que solo el 66% correspondió a aportes y contribuciones, quedando el 7% restante explicado por rentas del FGS y otros ingresos. De hecho, si tomamos los aportes y contribuciones y los usamos para financiar las jubilaciones del sistema contributivo (sin moratorias), estos ingresos solo alcanzan para pagar poco menos del 70% de las jubilaciones.

Bonus track: el flajelo de los ghost workers y los elevados salarios del sector público

El documento del FMI cuenta con diversas recomendaciones en diferentes áreas, entre ellas sobresalen algunas vinculadas con reducción (y eliminación) de impuestos y recortes de gasto público.

En especial, en la página 24 del informe se plantea “bajar el gasto en salarios del sector público”. Las propuestas en este sentido se orientan a: 1) fortalecer el control sobre los sueldos de empleados públicos, 2) desarrollar un censo para identificar “trabajadores fantasmas” (ghost workers), 3) reducir el empleo público y 4) definir una pauta de paritaria que siga la inflación esperada o futura.

Sobre el último punto, es importante considerar que una política en este sentido podría generar un daño profundo al poder adquisitivo de los trabajadores del Estado. Recientemente señalamos la magnitud de la pérdida de ingresos que estos trabajadores sufrieron a lo largo de 2016, que muy lejos está de poder ser morigerada con el bono de fin de año. En caso de avanzar en esta línea, los empleados públicos no podrán recuperar ni siquiera parcialmente el terreno perdido durante este último año y se profundizará aún más la marcada brecha entre salarios del sector público y privado.

fuente: http://www.enorsai.com.ar/

Protesta de científicos despedidos: continúa la toma pacífica del CONICET

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Los investigadores, que comenzaron a manifestarse el lunes 20, no recibieron aún respuesta oficial alguna. Para la noche de este martes 21 se prevé una nueva asamblea, en que se decidirá la continuidad de la medida de protesta. A continuación, se desarrollará un festival artístico.

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La toma de la sede del Polo Científico Tecnológico del CONICET de Godoy Cruz y Paraguay que un numeroso grupo de científicos y académicos comenzó ayer lunes 19 continuaba en la tarde de este martes 20, luego de que una asamblea realizada sobre el mediodía ratificara la medida de fuerza.

Como informó ya está AGENCIA, la convocatoria se da en reclamo por los 500 investigadores becarios que fueron en los hechos despedidos durante la última semana, al negárseles por aludidas razones presupuestarias la incorporación a cargos para los que ya habían sido evaluados y recomendados, tras entre cinco y siete años de formación y estudio.

La concentración nuclea a distintas organizaciones y agrupaciones gremiales de becarios, investigadores y docentes del CONICET y de Universidades como la de Buenos Aires y La Plata. Algunos de sus miembros pasaron la noche del lunes al martes en el edificio. Durante la tarde anterior, el ministro de Ciencia y Tecnología Lino Barañao había recibido a una delegación de representantes de los autoconvocados, pero –informaron entonces- “no asumió ningún compromiso por los quinientos despidos”.

Fue tras esa reunión, que calificaron como “larga e infructuosa”, que se decidió la toma pacífica. Durante este martes 20 de diciembre, la asamblea resolvió continuarla y presentar una carta solicitando un nuevo encuentro con las autoridades del Ministerio.

Además, en oportunidad de la fecha, los investigadores enviaron una delegación a la marcha en conmemoración del 20 de diciembre de 2001, para visibilizar el conflicto y solicitar la solidaridad de todos los gremios. Con el mismo objeto, organizaron un festival que se desarrollará en la explanada del edificio y en que ya está confirmada la participación el cantante folclórico Bruno Arias, y otros artistas.

Será luego de una nueva asamblea, pautada para las 20 horas de este mismo martes, en cuyo marco se votará la continuidad o no de la toma. Para el miércoles 21 a las 21, 30, en tanto, ya ha sido anunciada una conferencia de prensa. Un día más tarde, el jueves 22, ingresará a la sesión extraordinaria prevista en el Congreso un proyecto para solicitar la ampliación presupuestaria para el CONICET, que permita retornar a los niveles de ingreso de los años precedentes. La asamblea de científicos y académicos en protesta resolvió, además, adherir al reclamo nacional e internacional por la libertad de Milagro Sala, presa política desde hace más de once meses.

Fuente: http://www.agenciapacourondo.com.ar/

Michetti y Majul mantienen negocios inmobiliarios en El Calafate. Mirá los documentos que así lo prueban

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En el Sur, la hermana de la vicepresidenta y el entorno de la Fundación construyeron complejos habitacionales que luego negaron en la Justicia.
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La causa que investiga el origen de los fondos que le robaron a la vicepresidenta Gabriela Michetti continúa escribiendo nuevos capítulos y llegan a lugares impensados: en un informe exclusivo, El Destape pudo revelar que la hermana de la vicepresidenta explota junto a la mujer del empresario de medios Luis Majul y el entorno de donantes y creadores de Fundación SUMA, al menos cuatro complejos habitacionales en El Calafate, construidos sobre terrenos pertenecientes a una familia señalada por comprar tierras a $7,50 el metro cuadrado.

El primero de los complejos en cuestión se llama Morenas, y queda sobre la calle Los Álamos, a sólo unas cuadras del ya conocido hotel Los Sauces, vinculado a la familia Kirchner. Se trata de un terreno que cuenta con seis unidades de entre dos y tres ambientes, y que es rentado en forma anual por empresas que residen en Calafate.

Según la escritura a la que pudo acceder El Destape, el primer departamento corresponde a María Elizabeth Conte Grand, esposa del empresario Luis Majul, quien se desempeñó durante años como tesorera de Fundación SUMA y además fue empleada de Michetti dentro del Senado gozando un contrato de alta categoría.

Conte Grand de Majul fue una de las personas que atestiguó en la causa que investiga el origen de los fondos robados a la vicepresidenta. Allí negó cualquier actividad comercial relacionada a la explotación de un inmueble a su nombre en El Calafate: “Actualmente no estoy en una actividad laboral plena, tampoco tengo ingresos mensuales asegurados”, explicó la esposa del conductor de La Cornisa, quien al momento de responder si cuenta o contó con “otra actividad lucrativa” aseguró que “no” y que cuando ejerció anteriormente “como cocinera tampoco”.

La unidad dos del complejo se encuentra a nombre de uno de los creadores de Fundación SUMA: el abogado Carlos Díez, socio del juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz. Si bien Diez no cuenta con ningún cargo formal en la organización que preside Michetti, sí se reconoce como una de las personas que contribuyó a su creación, e incluso, se lo puede observar en su primer spot institucional.

En su declaración testimonial en la causa que busca acreditar el origen de las bolsas con dinero dentro del departamento de la vice, Diez admitió haber donado unos $7.000 y, sobre su profesión, declaró: “Soy abogado de manera independiente desde el año 1986. Me recibí ese año y ejerzo la profesión desde esa época, mis ingresos son realmente muy variables pero si tuviera que estimar un monto aproximado que percibo por mes es alrededor de 45.000 pesos”, al tiempo que negó tener otras actividades comerciales.

La tercera unidad del complejo no se encuentra a nombre de una persona física, sino más bien de una empresa: Atton S.A. La titular de la firma es Silvina Michetti, hermana de la vicepresidenta, quien es dueña de unos 7 locales de la tintorería 5ASEC en el país.

Con sede en Capital Federal, Atton S.A figura inscripta en AFIP bajo la categoría 960102: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o piel, incluso limpieza en seco”, y cuenta con una actividad secundaria relacionada a los negocios inmobiliarios. Su facturación anual se estima entre los $100.000 y los $500.000. Sin embargo, según confirmaron fuentes inmobiliarias a este medio, la firma contaría con 5 departamentos en este tipo de estructura, por lo que, de encontrarse todos los inmuebles alquilados, la cifra superaría largamente ese monto.

Como si esto fuera poco, en la declaración brindada en sede judicial la semana pasada, Silvina Michetti aseguró contar con un ingreso mensual de $65.000 y que en 2015, al momento de realizar la donación en favor de SUMA, percibía entre $35.000 y $45.000, cifra que queda en el centro de la escena al repasar los cinco títulos inmobiliarios con los que contaría en el sur del país.

Además, al igual que en los casos anteriores, Silvina Michetti negó tener otra actividad comercial en el Juzgado Federal Número 4 de Ariel Lijo, lo que deja en evidencia que ninguno de los declarantes quiso blanquear su relación comercial con otros miembros o donantes de la tan cuestionada Fundación que preside la vicepresidenta.

Otra persona que cuenta con un departamento en el complejo Morenas es Claudia Del Valle Nunia, quien fue denunciada recientemente en la causa que investiga el origen de los fondos robados a Gabriela Michetti por falso testimonio: Nunia omitió ser socia comercial de Silvina Michetti en una sociedad que lleva el nombre de SIL S.A, también dedicada al negocio tintorero.

Cuando en el Juzgado se le preguntó por sus actividades comerciales, Nunia, bajo juramento, respondió: “En este momento sólo hago consultoría”, al tiempo que afirmó estar inscripta en AFIP bajo la categoría I, por lo que cuenta con ingresos brutos de hasta $400.000 anuales.

El último caso es el de Susana Moncla, esposa del contador y amigo personal de Michetti, Marcelo Domínguez. Moncla cuenta con el departamento 6 de este complejo. Domínguez se reconoce como una persona del círculo íntimo de Michetti, probablemente por las buenas migas que mantienen desde Laprida, pueblo natal de ambos. Sin embargo, al declarar en la causa, el contador de la vice confesó no haber participado del acto de entrega de los USD50.000 que el novio de la ex senadora le habría entregado para que su hijo, Lautaro realizara una maestría.

Este entramado de sociedades con vínculos tan cercanos a la Fundación y a la vicepresidenta no se detiene allí: existen otros 3 complejos habitacionales montados sobre terrenos que fueron comprados por terceros a $7,50 el metro cuadrado, que hoy funcionan a nombre de los mencionados, que durante la semana en se irán develando en una investigación exclusiva de El Destape.

Fuente: El Destape

La contundente solicitada de intelectuales y políticos por Milagro Sala

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La firman una gran cantidad de políticos, personalidades destacadas de la cultura e intelectuales que reclamaron por la libertad de la presa política.

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Con Alberto Rodríguez Saá a la cabeza de las figuras políticas, una gran cantidad de personalidades firmaron y publicaron una solicitada en los diarios titulada: “Por una Navidad sin presos políticos” y piden la libertad de Milagro Sala.

El amplio grupo está conformado por dirigentes políticos, intelectuales, especialistas y distintas figuras destacadas de la política y la cultura emitieron una solicitada que se pudo ver en Página 12.
La misma se da luego de las declaraciones del gobernador de San Luis de pasar las fiestas junto a Milagro Sala en el penal de Alto Comedero en la provincia de Jujuy.

Los gremios santafesinos en alerta por el cierre de varias fábricas

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bahco_cierre_fabrica_importaciones-jpg_501420591La apertura de importaciones y la caída del consumo interno ponen contra las cuerdas a varias empresas santafesinas. Para evitar un cierre definitivo, muchas fábricas ponen en práctica la modalidad del retiro voluntario o la suspensión de personal por algunas semanas. La situación genera alerta y preocupación en los trabajadores y en los gremios.

La empresa American Colors (ex Delta), ubicada en Ramón Rodriguez 434, en la localidad de Puerto General San Martín, bajó su producción y anticipó que cerrará sus puertas por el impacto que generó en el sector la apertura de importaciones y los tarifazos.

“Corren peligro las fuentes laborales de los trabajadores”, señaló Julio Barroso, representante del sindicato químico, y manifestó que no hay “certeza sobre las indemnizaciones” de los 30 empleados de la fábrica que podrían quedar en la calle.

También, el gremio del calzado está en situación de alerta en virtud de despidos y suspensiones en industrias asentadas en el Gran Rosario. En este último tiempo, la fábrica de calzado Wyler’s, ubicada en Alcorta, rescindió el contrato de unos 34 trabajadores. En la firma Maincal de Pérez, cerca de 15 empleados corren peligro de ser despedidos. Asimismo, las plantas de producción de calzado Pirri, y Over, ubicadas en Acebal, han declarado caída del consumo y riego de perder puestos de trabajo.

Según señaló Miguel Fuentes, secretario general del gremio, la caída del consumo y la apertura de las importaciones estaría afectando fuertemente al sector. “Están entrando calzados de todos lados, (Chile, Paraguay, Brasil, entre otros)”, afirmó el representante gremial. “Las empresas del sector vienen poniendo en práctica la modalidad del retiro voluntario o suspensiones para no realizar despidos masivos”, agregó.

Por su parte, el secretario general de la UOM Rosario, Antonio Donello, dejó en claro su total oposición a la propuesta del Gobierno Nacional de eliminar el arancel para la importación de computadoras y tablets. “Se perderían 7 mil puestos de trabajo en todo el país”, advirtió el gremialista y agregó: “Estamos en alerta por este tema”.

En sintonía con Donello, el rosarino Sergio Airoldi, de AIR Computers, advirtió que la movida del macrismo, en su caso, pondría en riesgo un centenar de puestos de trabajo a su cargo.

“Esta medida afecta a la empresa y a los empleados”, manifestó Airoldi y adelantó que el próximo año podrían correr riegos 100 puestos de trabajos en su planta de producción. “Si el arancel pasa a cero no nos da tiempo de reacomodar”, aclaró.

Además, según manifestaron desde la UOM Rosario, la fábrica de llaves Bahco Argentina propuso suspender a los 200 empleados que trabajan en la planta de Santo Tomé. “Producto de la importación indiscriminada de llaves y la caída del consumo tenemos 200 familias en suspenso”, dijo Donello.

“Después de muchos años, se trata del primer conflicto laboral de magnitud en la zona de Santa Fe capital y es consecuencia de medidas económicas tomadas por el gobierno y no por conflictos puntuales en una empresa determinada”, agregó.

Por lo pronto, el plan de la empresa es suspender sin goce de haberes a todo el personal, una quincena a partir de mediados de diciembre y como gran parte de los empleados tienen mucha antigüedad, “engancharlos” con las vacaciones en enero para volver a trabajar el 1 de febrero, con la expectativa que la economía argentina empiece a crecer.

Desde la empresa señalaron que “se pudo paliar parte de la caída del mercado interno con un incremento de las exportaciones a Estados Unidos y Europa, fundamentalmente de la llave para caño, un producto que solo se fabrica en la planta santafesina”. Respecto al ingreso de productos importados, la compañía informó que siguen entrando al país productos de India, China y Taiwan “a precios imposibles de equiparar por parte de una fábrica local”.

El Macrismo salió a la caza estudiantes extranjeros en las Universidades públicas

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El macrista Eduardo Amadeo impulsó el pedido de informes, que continúa las políticas antimigratorias que ya complicaron sacar documentos y multiplicaron las deportaciones.

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“El infierno son los otros”, dijo Jean Paul Sartre, en A puerta cerrada. La afirmación y el título de la obra parecen ser las consignas elegidas por el macrismo en materia de política inmigratoria durante su primer año de gestión nacional. Luego del proyecto de cárcel para migrantes, la deportación y el aumento de los operativos contra extranjeros, la desarticulación del programa Patria Grande, que permitía regularizar la documentación de habitantes de estados del Mercosur, y la arremetida contra los ciudadanos de países vecinos por utilizar los servicios de salud, les llegó el turno a los estudiantes universitarios. A instancias del PRO, la comisión de Educación de la Cámara de Diputados reclamó a los rectores de todas las universidades públicas del país que informen la cantidad de alumnos extranjeros que cursan, en qué carreras lo hacen y de qué países provienen. Nunca fue explicitado el motivo para pedir esa información. Ante la consulta de PáginaI12, el diputado Eduardo Amadeo, uno de los impulsores de la medida, se limitó a decir: “Queremos saber a quién le ponemos la plata”.

“A fines de 2015 se sancionó la reforma de la ley de Educación Superior que garantiza el ingreso irrestricto y la gratuidad en las universidades. Con esto quieren empezar a instalar las dudas para ir en contra de esa ley”, advirtió a este diario la vicepresidenta segunda de la comisión de Educación, Luana Volnovich (FpV).

El proyecto de resolución despachado por la comisión de Educación fue iniciativa de los legisladores Amadeo y Gisela Scaglia (Unión Pro) y estuvo acompañado por la mayoría de los diputados; los integrantes del FpV y la diputada de Proyecto Sur-Unen se opusieron.

Consultado por Página 12 el diputado Amadeo, dijo que “queremos saber, tenemos derechos a saber y por eso hacemos el pedido. Es información que no está consolidada, no figura en los listados habituales de informes que nos interesan. Asignamos recursos y queremos saber cuánta plata se gasta en la educación pública”. Remarcó que “ponemos plata en el presupuesto para los diversos niveles y queremos saber a quién le ponemos la plata”.

–¿Para qué quieren saber eso?

–Nos interesa saber cuántos extranjeros hay en las universidades. No tenemos ningún cuchillo bajo el poncho.

Los legisladores fundamentaron el proyecto aprobado en “numerosos informes periodísticos”, que no citaron, que hablan del número importante de estudiantes que cursan carreras de grado y posgrado en las universidades públicas, y resaltaron que eso se debe a la “gratuidad” del sistema y a las “generosas políticas migratorias”.

Cinco son los puntos sobre los que se solicitan información a los rectores: el número de estudiantes extranjeros que cursan carreras de grado y posgrado en las universidades públicas; si dichas carreras poseen algún tipo de arancel; países de los que provienen los estudiantes; en qué facultades y carreras cursan y su perfomance académica.

Nicolás Trotta, rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), que también recibió el pedido de informes, expresó su preocupación: “Pone el foco con carácter discriminador. Detrás de esto está la idea de cobrarle a los extranjeros. Es una discusión equivocada que se suma a la ola de xenofobia que se esgrime en varios países. Y además buscan abrir la puerta para decir que los que tienen dinero deberían pagar, y arancelar la universidad”, resaltó.

“No tiene ninguna razón de ser poner el foco en los estudiantes extranjeros como si fueran un problema para nuestro sistema universitario”, alertó. “Pero es la misma lógica de (Miguel) Pichetto cuando planteó que ‘funcionamos como ajuste social de Bolivia y ajuste delictivo de Perú’, algo que no se corresponde después con las estadísticas. Frente al fracaso de ciertas políticas buscan con el extranjero justificar sus errores”, sostuvo Trotta, quien recordó que “la educación es un derecho humano, y uno no tiene que preguntar la nacionalidad de alguien para que pueda ingresar a la universidad”.

En cuanto a la respuesta a la solicitud, el rector de la UMET llamó a no contestarla porque “más allá de la autonomía universitaria, los rectores se tienen que apoyar en que esta medida pone el foco en una política xenófoba”.

El rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), Ernesto Villanueva, a quien ya le llegó el pedido de informe, aclaró que “no me asustan este tipo de preguntas siempre y cuando no haya un sesgo contra el extranjero”. “Es muy bueno para nuestro país tener estudiantes de otras nacionalidades, habla de un prestigio e influencia en el resto de los países”. “Ahora -advirtió–, si la consulta quiere ser utilizada con fines pequeños, mezquinos, es una pérdida, no una ganancia. Si es para decir nos cuesta mucho dinero, es una mirada de cortísimo plazo”, remarcó.

El pedido de información sobre estudiantes extranjeros es el corolario, para este año, de una política antiinmigración que vino encadenando el macrismo en los últimos doce meses. La Ley de Migraciones 25.871 del año 2004, que reconoce a la migración como un derecho, en su artículo 4 expresa que “el Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”. Dentro de ese marco normativo, el Estado asume que ninguna infracción administrativa puede vulnerar los derechos de los migrantes, y asume una política que facilite la regularización y no los criminaliza. Los programas Patria Grande o Abordaje Territorial, que surgieron para facilitar esa regularización, fueron desarticulados. A esto se sumaron el aumento del 200 por ciento en los aranceles de trámites migratorios y el incremento de los operativos en que se controló a inmigrantes, así como el número de expulsiones del país.

Desde SOS Discriminación Internacional Argentina aportó su mirada Víctor Ramos, quien sostuvo que “es un pedido de corte policial y xenófobo, que además va contra la vocación latinoamericana de la Argentina. Formar cuadros universitarios de estudiantes de América Latina es importante, tanto como Estado Unidos se ha planteado la formación de cuadros latinoamericanos en Harvard. Porque eso permite ejercer el liderazgo cultural”.

“Cuando Juan Bautista Alberdi escribió la Constitución Nacional, pensó en grande: ‘para todos los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino’”, y agregó que “lo que debería ser un orgullo, que los hijos de nuestra América elijan a nuestro país para su formación, para algunos retrógrados es un tema económico”.

“Aun así –continuó–, los estudiantes extranjeros pagan IVA hasta cuando compran un paquete de yerba, y con esos impuestos se están pagando sus estudios. Formar a la juventud profesional latinoamericana en nuestro país no es un gasto, es una inversión. Y necesitamos más inmigrantes, más habitantes y una perspectiva cultural nacional latinoamericana”.

fuente:enorsai.com

Según un reporte de Alemania, en octubre de 2015 cerraron cuentas de una de sus sociedades offshore

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Según un reporte de Alemania, en octubre de 2015 cerraron cuentas de una de sus sociedades offshore5855d7f3eb745_crop

“Seis días antes de que se celebrara la primera vuelta electoral de 2015, una sociedad offshore vinculada a dos hermanos del entonces candidato presidencial Mauricio Macri comenzó a encender las alarmas alemanas. Así surge de la documentación que envió la Fiscalía de Hamburgo a la Argentina, y el análisis posterior de la Procuración de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), cuyas copias obtuvo LA NACION.

Gianfranco y Mariano Macri quedaron bajo la lupa germana cuando la firma BF Corporation, constituida en Panamá, le requirió el 19 de octubre de 2015 al banco UBS Deutschland AG que procediera al cierre inmediato de su cuenta y transfiriera los fondos remanentes a otra cuenta en Ginebra, en el banco J. Safra Sarasin.

Según surge de esa documentación, los apoderados de BF Corporation -creada por el bufete panameño Mossack Fonseca y operada por el estudio contable uruguayo Lussich- fueron más lejos. Le pidieron al UBS “destruir toda la correspondencia” que pudiera perdurar en sus archivos.

Para el banco, ese pedido no fue el único motivo de alarma. Los apoderados de BF Corporation se negaron también a responder las preguntas de sus oficiales de cumplimiento sobre operaciones por varios millones de dólares. Entonces sí, con todos esos factores de riesgo en danza, el UBS reportó lo que ocurría con esa cuenta a las autoridades.

A partir de esa comunicación, el engranaje oficial alemán comenzó a moverse. La Fiscalía de Hamburgo combinó los datos del UBS con otros de su sistema financiero, mientras que la investigación conocida como Panamá Papers, liderada por el Süddeustsche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que integra LA NACION, comenzaba a exponer prácticas ilícitas del armador de sociedades, Mossak Fonseca

En esa línea, sin embargo, y según cotejó LA NACION, de los documentos disponibles en los Panamá Papers, no surge un vínculo explícito entre la sociedad BF Corporation y los hermanos Macri. Sí, en cambio, con el contador uruguayo de la familia Macri, Santiago Lussich Torrendel.

Sin embargo, la Fiscalía de Hamburgo sí logró de algún modo vincular a los Macri con BF Corporation, -lo que no surge de los documentos alemanes a los que accedió LA NACION-, para luego contactar a la oficina de Interpol en Wiesbaden, que el 25 de agosto pasado, envió un correo electrónico a sus oficinas en la Argentina, Uruguay y Panamá según surge de la copia que obtuvo LA NACION.

Operaciones sospechosas

“En el marco de las noticias publicadas en la prensa sobre el asunto conocido como «los papeles de Panamá» -detalló Interpol- una entidad crediticia alemana emitió comunicaciones de operaciones sospechosos [sic] contra las personas relacionadas continuación [sic], después de que las mismas no remitieran la documentación fiscal que les había reclamado el banco”.

A continuación, Interpol enumeró a las “personas implicadas”: Gianfranco y Mariano Macri, Santiago Lussich Torrendel, y sus hijos, también contadores uruguayos, Rodrigo y Santiago Lussich Rachetti.

Durante las últimas 48 horas, LA NACION intentó contactar a Gianfranco y Mariano Macri a través de su abogado penalista y de un vocero del Grupo Socma, pero al cierre de esta edición no fue posible acceder a ellos.

Desde Hamburgo también enviaron vía Interpol datos sobre otras 67 personas y 11 sociedades o empresas vinculadas de alguna forma a la Argentina. Entre otros, Juan Ramón Garrone, directivo de la empresa Iecsa -del primo de los Macri, Ángelo Calcaterra-, y un funcionario de rango medio del Ministerio de la Producción, Federico Zin, hijo del ex ministro de Salud bonaerense, Claudio Zin, durante la gestión sciolista.

Cabe aclarar, no obstante, que operar con sociedades y cuentas bancarias offshore no configura un delito en sí mismo, siempre que esos activos estén declarados ante la AFIP. Pero si no lo están, podrían configurarse los delitos de lavado de activos o evasión tributaria, entre otros.

Pero con todo el material que llegó desde Hamburgo, la Procelac inició su propia investigación. El miércoles radicó una veintena de denuncias en el fuero penal económico y presentó su dictamen sobre BF Corporation ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal federal Federico Delgado, quienes instruyen una causa sobre Macri y su entorno familiar y empresario a partir de la irrupción de los Panamá Papers.

En esa presentación, la Procelac estimó que el pedido de BF Corporation de borrar la correspondencia “se valora como un indicio de ilicitud, en tanto podría haber estado encaminada a destruir documentos o pruebas que acrediten la relación entre las personas identificadas [en Hamburgo] y las operaciones sospechosas que deberían ser investigadas a partir de la presente denuncia”.

Por ese motivo, la Procelac sugirió requerir más información a Alemania, como así también a distintos organismos públicos locales. Entre ellos, la unidad antilavado (UIF) para que informe si tiene más datos sobre los Macri y los Lussich, o recibió consultas sobre ellos de sus contrapartes en otros países.

En esa línea, el banco al que se giraron los fondos de BF Corporation, J Safra Sarasin, creado en 1841 y considerado una de las entidades más relevantes del mundo, con activos bajo gestión por unos US$ 200.000 millones, también acumula traspiés. En diciembre de 2013 arribó a un acuerdo con el Departamento de Justicia. A cambio del cierre de una investigación en su contra, el banco pagó una multa por US$ 85,8 millones y reconoció “conductas ilícitas” que facilitaron la evasión tributaria de sus clientes estadounidenses.

Movimientos antes de las urnas

Las operaciones que investiga Alemania, bajo la lupa

Movimientos sospechosos

Interpol Alemania remitió a las oficinas de Interpol Argentina, Uruguay y Panamá los registros de operaciones sospechosas que involucran a Gianfranco y Mariano Macrimariano Macri

Cuenta cerrada

La Procelac informó que las instrucciones para transferir fondos de BF Corporation, una sociedad offshore de los Macri, salieron de Montevideo el 19 de octubre de 2015″

fuente:enorsai.com

Duro informe de la CEPAL sobre el gobierno de Macri

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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU manifestó su alerta por la situación social en Argentina, al tiempo que sembró esperanza para el futuro.

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“La actividad económica se contrajo en la Argentinadurante 2016. En los primeros tres trimestres del año registró una caídainteranual del 2,4%, tras una retracción importante de la inversión, eldescenso del consumo de los hogares y la reducción del gasto público, que nollegaron a ser compensados por el aumento de las exportaciones. Al mismotiempo, aumentó la tasa de inflación, que pasó de un promedio del 26,6% en 2015al 40,9% en los primeros diez meses de 2016″, alertó la Comisión Económicapara América Latina y el Caribe (CEPAL) en su informe anual, al referirse a lasituación de Argentina.

Tras reseñar las altas cifras de inflación ydesempleo registradas durante el primer año de gobierno de Mauricio Macri, losespecialistas de la ONU señalaron: “En 2017 se espera una recuperación dela economía, cuya intensidad dependerá de tres factores: la evolución de losingresos reales de las familias, que a su vez depende del resultado de lasnegociaciones salariales y determina la dinámica del consumo privado; la evoluciónde la inversión, que entre otros factores responde al grado de utilización dela capacidad instalada de la economía y a las decisiones de inversión delsector público, y la tasa de crecimiento del Brasil, por su influencia en las exportacionesde manufacturas argentinas”.

En ese sentido, agregaron: “Dado el moderadocrecimiento previsto para el Brasil en 2017 y el aumento de la capacidad ociosaobservado en 2016 —la utilización de la capacidad instalada en la industria fuedel 63,9% en septiembre, a menos que se produzca una fuerte recomposición de losingresos reales de las familias, se espera una recuperación moderada para 2017,en torno al 2,3%”.

fuente: http://www.elpaisdigital.com.ar/